X.- La utilización de la vía de hecho por el Conde de Orgaz.- A la vista de su fracaso en este primer intento de expulsión de los firmantes, el Conde de Orgaz decidió actuar por su cuenta y riesgo, arrogándose facultades que no tenía. Para ello utilizó una vía tan ilegal como maliciosa. Decidió aplicar a los que suscriben todas las consecuencias de la expulsión sin mediar procedimiento previo alguno. Como ya hemos dicho, suspendió toda correspondencia de la Asamblea con ellos, prohibió que se les citara para actos y ceremonias y, finalmente, no les puso al cobro la cuota que pagan anualmente todos los demás caballeros. Es decir, creo los efectos sin que existiera la causa. Con ello ha pretendido aparentar públicamente que la expulsión había sido real y válida. El Conde de Orgaz ha utilizado la mas desvergonzada vía de hecho, carente de todo título jurídico que la justifique. Su inmoralidad y su ánimo doloso han quedado al descubierto. La actuación administrativa de facto, proscrita por todos los ordenamientos jurídicos del mundo, implica un uso ilegítimo del poder y un abuso de autoridad, que son, sin duda, los frutos y la principal fuente de corrupción moral.

XI.- Amenazas e injurias de la Diputación de la Asamblea Española.- Ex parte persecutoria se ha seguido una política pública de desprestigio e insultos contra los firmantes. Varios miembros de la Diputación de la Asamblea Española, inducidos por el Conde de Orgaz, han manifestado ante numerosos testigos que los firmantes eran unos "indeseables", "que les iban a echar de la Orden", al tiempo que les imputaban falsos hechos de cariz delictivo. El Conde de la Conquista fue amenazado con idénticas palabras y otros insultos, en presencia de la Condesa de la Conquista y de otras personas que les acompañaban. Las expresiones utilizadas por los miembros de la Diputación están tipificadas en el Derecho Penal español como delitos de calumnias e injurias. Con estos ilegítimos mecanismos de coacción y difamación, se convirtieron en cómplices y cooperadores necesarios del Conde de Orgaz, vulneraron los derechos más fundamentales de los firmantes e incurrieron en una presunta tipificación penal. Los miembros de la Diputación han continuado con pertinaz ensañamiento su campaña de injurias y calumnias, difundiendo que los firmantes han sido expulsados de la Asamblea Española, imputándoles causas a todas luces injuriosas y calumniosas.

XII.- Gravedad de las faltas cometidas por el Conde de Orgaz. Prevaricación. Usurpación de funciones exclusivas del Gran Maestre.- La única "falta" cometida por los firmantes ha sido defender la legalidad melitense vulnerada con reiteración por el Conde de Orgaz. La honorable actitud de los firmantes, que siempre han seguido las vías legales a su alcance, contrasta con la reiterada trasgresión de dicha legalidad por el Conde de Orgaz y su Diputación. Son precisamente el conde de Orgaz y su Diputación quienes, en la mayor impunidad, se han alejado notoriamente de la conducta ejemplar a la que se comprometieron en su ingreso en la Orden. La utilización de la vía de hecho y, además, para satisfacer unos deseos personales de venganza, ha hecho incurrir al Conde de Orgaz en la más palmaria prevaricación. A mayor gravedad, la actuación del Conde de Orgaz contra los firmantes ha sido realizada en usurpación de las facultades exclusivas del Gran Maestre, que es el único que puede sancionar la medida de expulsión después de un procedimiento disciplinario válido. El desprecio del Conde de Orgaz a la máxima autoridad de la Soberano Orden es intolerable y digno de ser sancionado. Recordemos que anteriores actuaciones punibles del Conde de Orgaz, que no han prescrito en virtud del artículo 198 de Código de Derecho Canónico, han sido formalmente denunciadas por los firmantes ante el Gran Maestre y el Soberano Consejo. Los fallos recaídos sobre dichas denuncias han sido recurridos ante la Santa Sede y se encuentran pendientes de la preceptiva e ineludible resolución expresa, en virtud de los cánones 51 y 57 § 3 del Código de Derecho Canónico.

XIII.- Lesión del honor, la fama, la dignidad y los derechos de los firmantes.- Ante la gravedad que implica esta apariencia de expulsión creada por el Conde de Orgaz, insólita en la historia de nuestra Orden, los firmantes han quedado en la mayor indefensión y afectados por un perjuicio irreparable a su honor, a su fama, a su dignidad y a sus derechos e intereses legítimos. Por esta causa, se ven obligados a denunciar estos hechos ante S. A. E. el Príncipe y Gran Maestre y el Soberano Consejo.

XIV.- Atropello a la Marquesa del Borghetto. Caso aparte es la actuación del Conde de Orgaz con la Marquesa del Borghetto, totalmente ajena a este asunto, y que el presidente ha represaliado por el solo hecho de estar casada con el Marqués del Borghetto. La Marquesa del Borghetto, muy distinguida dama de la Orden por sus innumerables servicios, en cuyos ascendientes figuran tres Grandes Maestres, ha sido incomprensiblemente perseguida y represaliada, aplicándole las mismas medidas que a los abajo firmantes. Esto es una prueba más de la baja catadura moral del Conde de Orgaz, que rompe con su actuación, además de todo elemental principio jurídico, los más sagrados principios de la caballería y de la hombría de bien. Resulta sorprendente que, denunciados estos hechos ante el Gran Magisterio, no se haya alzado ni una sola voz en la sede de la Orden frente al atropello de una digna y valiosa Dama de Honor y Devoción.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

Primero.- La vía de hecho en el ordenamiento jurídico melitense.- La Carta Constitucional, el Código y, subsidiariamente, el Derecho Canónico, así como los decretos magistrales, las costumbres, los privilegios y el Código de Rohan (Art. 5 de la Carta Constitucional), son fuentes de derecho de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Orden. En ninguna de dichas fuentes se consagra el empleo y la validez de la vía de hecho, proscrita, como hemos dicho, en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados de Derecho.

Segundo.- La nulidad de la vía de hecho. Prevaricación.- La actuación material del conde de Orgaz, como manifestación de la vía de hecho, supone la ausencia de un acto o procedimiento previo formal. En este caso, el empleo de la vía de hecho se agrava por cuanto constituye una suplantación de las facultades exclusivas del Príncipe y Gran Maestre y una violación de derechos fundamentales de miembros de la Orden. El Presidente ha incurrido en la más contundente vía de facto, puesto que ha usado un poder del que legalmente carece (manque de droit) y lo ha hecho sin observar siquiera una apariencia de procedimiento (manque de procédure). El acto generado por la vía de hecho, desprovisto de todo requisito legal, es radicalmente nulo con efectos ex tunc. Corresponde a la autoridad superior, en su función tutelar, la reposición de los perjudicados en todos sus derechos anteriores. El canon 306 del Código de Derecho Canónico establece que "Nadie que haya sido admitido legítimamente en una asociación puede ser expulsado de ella, si no es por causa justa, de acuerdo con la norma del derecho y de los Estatutos". Son de aplicación los Cánones 124, 125, 128 y 133 del Código de Derecho Canónico.

La prevaricación consiste en que una autoridad, prevaliéndose de su cargo, dicte una resolución arbitraria, a sabiendas que dicha resolución es injusta. En la prevaricación en que ha incurrido el Conde de Orgaz y su Diputación, concurre el elemento básico del tipo objetivo: la ilegalidad, es decir, una actuación a todas luces contraria a derecho. Es obvio que concurre también el dolo.

Tercero.- El mecanismo de sanción y/o expulsión en el Derecho melitense. El ordenamiento jurídico melitense, propio de un Estado de Derecho, exige para la aplicación de sanción o expulsión unos requisitos formales establecidos en garantía del justiciable y de los derechos fundamentales de la persona, a fin de evitar, precisamente, las actuaciones "de facto" y toda otra arbitrariedad en la aplicación de la Ley. Según el Derecho melitense, deben darse para la expulsión unos requisitos formales previos que son ineludibles bajo pena de nulidad absoluta.

En primer lugar, debe existir un grave acto punible, tipificado en el ordenamiento. Esta tipificación está contenida genéricamente en el artículo 119 del Código de la Orden. Según el derecho canónico las causas de expulsión deben ser graves, externas, imputables y jurídicamente comprobadas. En el caso que nos ocupa, no ha existido ningún acto de gravedad punible en la conducta de los firmantes. Ni siquiera una falta leve, como resulta del sobreseimiento del procedimiento sancionador.

En segundo lugar debe existir un órgano legítimo, válido y con capacidad para tramitar el proceso. El Presidente de una Asociación carece de facultades para adoptar por sí mismo medidas sancionadoras contra los Caballeros y Damas. El órgano llamado a instruir los procesos disciplinarios en una Asociación es la comisión de disciplina (art. 122 del Código de la Orden) Hemos visto en el Fundamento de Hecho IV anterior que la supuesta comisión disciplinaria de la Asamblea Española carecía de toda legitimidad, validez y capacidad de obrar. Fue recusada por parcialidad y enemistad manifiesta y el procedimiento que instruyó fue sobreseido por el Gran Magisterio. Nos remitimos a los preceptos legales allí citados.

En tercer lugar, debe cumplirse un procedimiento disciplinario, establecido en el artículo 125 del Código de la Orden. Es obvio que en este caso no ha existido tal proceso sino una actuación fáctica, personal y arbitraria del Conde de Orgaz.

En cuarto lugar, una vez terminado el proceso instructor, la sentencia y la ejecución de la expulsión corresponde en exclusiva al Gran Maestre asistido por el Soberano Consejo (artículo 127, parágrafo 2, del Código de la Orden en relación con el canon 35 y ss. del Código de Derecho Canónico). Repetimos que el Conde de Orgaz, a la vista del fracaso del procedimiento sancionador, decidió per se la expulsión de los firmantes, usando de maquinaciones fraudulentas y arrogándose, en manifiesto desprecio a la Autoridad superior, una potestad reservada en exclusiva a S. A. E. el Príncipe y Gran Maestre.

En quinto lugar, para la expulsión se requiere, además, la confirmación de la Santa Sede (Sentencia de la Comisión Cardenalicia de 24 de enero de 1953 y canon 700 del Código de Derecho Canónico en relación con el canon 746).

En sexto lugar, la sentencia o resolución deber notificarse al sancionado por escrito fehaciente. En este caso no ha existido procedimiento de clase alguna ni la menor notificación a los firmantes. Eso prueba que el Conde de Orgaz ha actuado exclusivamente de facto. La falta de procedimiento y de notificación invalida per se toda su actuación, incluso aunque hubiera tenido visos de validez. (Artículo 128, parágrafo 1, del Código.)

Cuarto.- Lesión de la buena fama, honor, dignidad y derechos de los firmantes. Reserva de acciones legales.- Los gravísimos daños morales causados a los firmantes por el Conde de Orgaz a plena conciencia de su ilicitud, han quedado palmariamente demostrados. El honor, la dignidad y la buena fama de los firmantes, como personas y como miembros de una orden militar de caballería –bienes jurídicos estrictamente protegidos por la Ley–, han sido ultrajados. El canon 220 del Código de Derecho canónico establece que "A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza ni violar el derecho de cada persona a proteger su intimidad". El Código Penal español establece en su artículo 205 que "Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad". El artículo 208 de dicho Código establece que "Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación". La defensa del honor de los Caballeros y Damas de Malta, en cuanto se haya vulnerado desde el interior de la Orden, corresponde al Gran Magisterio. En orden a nuestra defensa, hacemos legítima y expresa reserva de acciones legales ante otras jurisdicciones, para el caso de no obtener la merecida justicia en la presente vía.

Quinto.- Reparación del daño causado.- El canon 128 de Código de Derecho Canónico ordena que "Todo aquel que causa a otro un daño ilegítimamente por un acto jurídico, o por otro acto realizado con dolo o culpa, esta obligado a reparar el daño causado". El Código Penal español, en sus artículos 109, 110 y 216, establece también los mecanismos para la reparación del daño, la restitución y la indemnización de los perjuicios causados. Asimismo impone esta reparación el más elemental código de honor. El Conde de Orgaz está obligado a reparar dichos daños de una manera pública, es decir, de la misma manera que los causó.

Sexto.- Punibilidad del Conde de Orgaz.- El canon 1389 § 1 del Código de Derecho Canónico establece que "Quien abusa .... del cargo debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio, ...". A nuestro entender, la actuación del Conde de Orgaz ha sido de tal gravedad, tanto por el descarado menosprecio a la figura del Príncipe y Gran Maestre y al derecho melitense como por la prevaricación en que la que ha incurrido y el profundo daño moral causado a tres honorables Gran Cruz, que incurre de pleno en la sanción señalada en el citado último párrafo de dicho canon. En su actuación concurren como agravantes la alevosía, la maquinación, el ensañamiento y el prevalerse de su cargo, sin que, por otra parte, se aprecie la menor circunstancia atenuante. La especial responsabilidad del Presidente y la notoriedad de su grave conducta dolosa impone la máxima pena: su expulsión de la Orden. (Reglamento para los miembros de la Tercera Clase.) El Conde de Orgaz ha utilizado a la Soberana Orden para satisfacer sus ilícitos deseos personales. No es admisible que una persona de su naturaleza presida la Asociación, pues la reputación de la Soberana Orden en España descansa sobre todo en la figura del Presidente. Por esta razón, la imagen y la reputación de la Orden en España se encuentran en los niveles más bajos de su historia. Son de aplicación los artículos 119 y 120 d) del Código de la Orden.

Séptimo.- Inicio de procedimiento disciplinario contra el Conde de Orgaz. Según el artículo 124, parágrafo 1, del Código de la Orden, la iniciativa del proceso pertenece al Superior. Como quiera que el infractor es la máxima autoridad de la Asamblea Española en España, es obvio que no puede ser sometido a procedimiento disciplinario por personas que están bajo sus órdenes y que él mismo nombra y cesa en los cargos. En consecuencia, el expediente disciplinario debe ser tramitado por el Gran Magisterio, quien deberá avocar para sí el caso y proveer directamente a la instrucción del proceso, en virtud del citado artículo 124, parágrafo 2, del Código de la Orden, con personación de todos los afectados.

Octavo.- Punibilidad de la Diputación de la Asamblea Española. Siendo la Diputación de la Asamblea Española cooperadora necesaria y cómplice de la actuación dolosa del Conde de Orgaz y habiendo incurrido sus miembros en presuntas falsedades, calumnias e injurias contra los que suscriben, es de justicia que reciban como sanción el cese en sus cargos.

En base a lo expuesto,

SOLICITAN de S. A. E. el Príncipe y Gran Maestre y del Soberano Consejo, que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, y en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el mismo,

Invocando a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor San Juan y apelando a las ineludibles responsabilidades que, ante Ellos, han adquirido S. A. Emma. el Príncipe y Gran Maestre y el Soberano Consejo, los abajo firmantes presentan este escrito, en diez folios de papel común, con lo que en el mismo se denuncia y se pide.

Es de Justicia.

En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil seis.