Don Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, mayor de edad, de nacionalidad española, [...].

Ante la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, comparece y, con el mayor respeto

Que, en tiempo y forma, formula recurso jerárquico administrativo contra la desestimación tácita de mi escrito de 20 de junio de 2006, interpuesto ante el Gran Maestre y el Soberano Consejo de la Orden de Malta contra el Decreto 46075, de 10 de mayo de 2006, por el que se me expulsa de la Soberana Orden, de conformidad con los siguientes

Tercero.- Que según manifestaron públicamente los miembros de la Comisión disciplinaria de la Asamblea Española, el sumario que habían instruido, del cual el Decreto 46075 trae causa, concluyó con la imputación de unas faltas leves, recomendando al Gran Magisterio que me aplicara una simple corrección. Es de señalar que no se me ha dado traslado de dicho sumario como es de ley. El Gran Magisterio se extralimitó en la aplicación de la pena y reformando in peius la sanción propuesta por la Comisión disciplinaria, me condenó a la expulsión, sin que se hubiera producido ningún hecho que permitiera hacer dicha modificación.

Cuarto.- Que mi escrito solicitando la revocación del Decreto 46075, de 20 de junio de 2006, fue recibido por el Gran Maestre y el Soberano Consejo el 27 de junio siguiente, según acuse de recibo notarial que obra en mi poder, sin que se haya producido contestación hasta la fecha. Transcurridos los plazos legales para resolver, señalados en el canon 1735 del Código de Derecho Canónico, se ha de entender la denegación tácita de mi petición.

Quinto.- A juicio de esta parte existe una relación directa entre la actuación de ese Dicasterio y la promulgación del Decreto 46075. La Orden de Malta ha dictado dicho Decreto, viciado de nulidad radical, en la impunidad que le ha proporcionado ese Dicasterio al negarse a admitir los recursos anteriores (20-11-03; 27-05-04; 01-07-05; 07-07-05; 07-07-06, pendiente), contra las ilegalidades cometidas por la Orden.

Sexto.- Que estimando la denegación tácita de mi escrito 20 de junio de 2006 sobre la revocación del Decreto 46075, contraria a la ley y gravemente lesiva para mi vida espiritual, mi conciencia, mi dignidad, mi fama y para mis demás derechos e intereses, y estimando que dicho Decreto es nulo de pleno derecho, formulo ante ese Dicasterio recurso jerárquico por la vía administrativa, dando por reproducidos los hechos y los fundamentos de derecho alegados en mis escritos al Gran Magisterio de fecha 20 de junio y de 5 de julio de 2006.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

Primero.- Competencia del Dicasterio ad quem por razón de las personas

I. Competencia sobre la Soberana Orden de Malta

Segundo.- Competencia del Dicasterio ad quem por razón de la materia. Las competencias de la Congregación no sólo se limitan al orden espiritual. Se extienden, según el artículo 108 § 1 de la Constitución apostólica "Pastor Bonus", a la resolución de "todo aquello que, de acuerdo con el derecho, corresponde a la Santa Sede respecto a la vida y la actividad de los Institutos y Sociedades, especialmente respecto a la aprobación de las constituciones, el régimen y el apostolado, la aceptación y formación de los miembros, sus derechos y obligaciones, la dispensa de los votos y la expulsión de los miembros, así como la administración de los bienes". La competencia de ese Dicasterio sobre expulsiones de miembros de Institutos y Sociedades, es indubitada en virtud de dicha Constitución apostólica que se la atribuye expresamente. El presente recurso jerárquico afecta directamente a la religiosidad, a la disciplina, a los derechos y obligaciones y a la expulsión de un miembro de la Soberana Orden de Malta. Este recurso representa, por tanto, un evidente conflicto con los superiores, cuya actuación ha sido contraria a Derecho. Dicha actuación supone una palmaria quiebra de derechos adquiridos, legales, consuetudinarios e incluso fundamentales de la persona y afecta gravemente a mi vocación y a mi espiritualidad y por tanto entra de pleno en el fuero eclesiástico de ese Dicasterio, sobre el que descansa el control de la Soberana Orden en las materias expuestas.

Tercero.- Competencia de ese Dicasterio en la vía administrativa. El presente recurso jerárquico se presenta en el curso de un procedimiento seguido por la vía administrativa, de conformidad con los cánones 1732 a 1739 del Código de Derecho Canónico. Tratándose en este caso de un recurso jerárquico administrativo, es de plena competencia de ese Dicasterio. No procede en ningún caso la inhibición de ese Dicasterio ni la remisión a la vía judicial de los Tribunales Magistrales.

Cuarto.- Plazo para interponer este recurso. Los plazos para la interposición del recurso jerárquico administrativo se regulan por el canon 1737 del Código de Derecho Canónico. Mi recurso fue recibido por la Orden de Malta el 27 de junio de 2006. El canon 57 § 2 establece que, transcurrido el plazo para resolver expresado en su § 1, "se presume la respuesta negativa a efectos de la proposición de un posterior recurso". El presente recurso se interpone dentro del plazo perentorio de quince días útiles, señalado en el canon 1737 § 2, después de haberse producido la presunción de desestimación tácita.

Quinto.- Suspensión de la ejecución del decreto 46075. Efectué la petición de suspensión de efectos del Decreto al Gran Maestre y al Soberano Consejo en mi escrito de 20 de junio de 2006, por los irreversibles daños que causaba, sin que se dignaran contestar a la misma. Procede en esta instancia que esa Congregación ordene la inmediata suspensión del repetido Decreto por imperativo del canon 1353.

Sexto.- Nulidad del Decreto 46075 por caducidad de la instancia. Es común a la mayoría de los ordenamientos jurídicos señalar un plazo de caducidad ante la inactividad de la administración en los procedimientos sancionadores. La caducidad limita en el tiempo, en aras de la seguridad jurídica, los procedimientos restrictivos de derechos, que no pueden quedar en su tramitación abiertos indefinidamente a la voluntad del órgano sancionador. El Código de Derecho Canónico regula sólo la caducidad en cuanto a los plazos para recurrir en vía administrativa. Es por ello que hay que recurrir a la aplicación analógica del canon 197, que se remite a la legislación civil de la nación respectiva en materia de prescripción. El Derecho español aplicable regula la caducidad en el Art. Art. 44. 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este artículo dice que : "En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92." El Art. 92 de dicha ley señala los requisitos y efectos de la caducidad que se producirá transcurridos tres meses de la paralización del procedimiento. El Art. 102, 5 de la misma Ley señala que "Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo". En el mismo sentido, el Art. 20, 6 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto). El expediente disciplinario tuvo su comienzo el 7 de julio de 2005 y el Decreto resolutorio 4065 fue notificado a esta parte el 9 de junio de 2006, es decir casi once meses después. La caducidad, aplicada por imperativo legal e insubsanable por definición, es suficiente por sí misma para anular ex tunc todo el procedimiento disciplinario y el Decreto 46075 que le dio fin.

Séptimo.- Nulidad del Decreto 46075 por vulneración del canon 1342 § 2 del Código de Derecho Canónico. El canon 1342 § 2 prohíbe taxativamente la imposición o declaración de penas perpetuas mediante decreto, como ha sido el caso.

Ello convierte al Decreto 46075 en nulo de pleno derecho.

Octavo.- Nulidad del Decreto 46075 por nulidad absoluta del procedimiento del que trae causa. La actuación de la Comisión disciplinaria fue nula de pleno derecho por vicios insubsanables de forma y de fondo, como se fundamenta en mi solicitud de revocación de 20 de junio de 2006 de dicho Decreto. La nulidad ex tunc se extiende a todos los actos derivados del procedimiento disciplinario, como es el Decreto 46075, sin que quepa la subsanación. Es de señalar que recusé a los miembros de dicha Comisión el 20 de octubre de 2005, en virtud del Art. 125 § 2 del Código de la Orden sin que el Gran Magisterio diera el preceptivo trámite a la recusación.

Noveno. Nulidad del Decreto 46075 por incumplimiento del canon 700. Para la expulsión, máxima pena establecida por el ordenamiento melitense, se requiere la confirmación de la Santa Sede en razón de pertenecer sus miembros a una orden religiosa y depender por ello de la Santa Sede y del Santo Padre como suprema autoridad. (Sentencia de la Comisión Cardenalicia de 24 de enero de 1953.) El Reglamento para los Miembros de la Tercera Clase dice expresamente que los miembros de esta clase deben ser conscientes de que se convierten en Miembros de una Orden religiosa. Más comprometidos aún son los Miembros de la Segunda Clase, como es mi caso, para cuyo ingreso se requiere el "nihil obstat" de la Autoridad eclesiástica que, en justa correlación, debe exigirse también para la expulsión. El canon 700 del Código de Derecho Canónico, aplicable a falta de otra norma específica, establece que "El decreto de expulsión no tiene vigor hasta que sea confirmado por la Santa Sede, a la que se debe enviar dicho decreto junto con las actas; ...".

Décimo.- Nulidad del Decreto 46075 por vulneración del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia y de la igualdad ante la ley. El Decreto 46075 ha vulnerado mi derecho a la defensa y mi derecho a recurrir. El Decreto 46075 vulnera el derecho a la defensa porque ha omitido la audiencia de esta parte, que no tuvo la posibilidad de presentar alegación alguna ante el Gran Magisterio contra las imputaciones formuladas. Si bien es cierto que me negué a comparecer ante una Comisión disciplinaria ilegal y sectaria que instruyó el sumario y a cuyos miembros recusé, es cierto también que no se me dio traslado del documento de conclusión del sumario, que constituye pieza esencial para mi defensa. Esto agravó aún más mi indefensión. El procedimiento administrativo se desarrolla en los estados de Derecho de acuerdo con el principio de acceso permanente. A estos efectos, en cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo. Este derecho se me ha negado al tramitar el expediente y dictar el decreto resolutorio en el mayor secreto. Esta parte nunca se ha encontrado en rebeldía ni tampoco en paradero desconocido, pues el Gran Magisterio tiene todos mis datos personales. De haberse producido rebeldía, hubiera tenido que ser declarada en el propio Decreto 46075, cosa que no ha ocurrido. Ha vulnerado también la presunción de inocencia pues en el mismo documento de apertura del expediente disciplinario, comunicado a esta parte, ya se me condena, quebrantando mis derechos más fundamentales. La presunción de inocencia es, además, de un derecho fundamental de la persona, garantía de la verdad y de la libertad. Es inocente quien no desobedeció ningún mandato o no infringió ninguna prohibición o, en todo caso, comportándose de esa manera, lo hizo al amparo de una regla permisiva que eliminaba la antijuricidad del comportamiento, o bien, concurrió alguna causa de justificación que eliminaba su culpabilidad. Estos tres supuestos son de aplicación a las presuntas faltas que se me imputan. La presunción de inocencia constituye un estado jurídico que no puede ser violado por el arbitrario capricho o los deseos ilícitos de la autoridad ejecutiva. Solo puede ser destruida por el poder judicial y después de un procedimiento taxativamente establecido. La igualdad ante la ley es uno de los requisitos básicos de un Estado de Derecho. El Gran Magisterio trata diferentemente a las personas según le conviene. Protege a ultranza al poder establecido sin considerar su legitimidad o legalidad, mientras que persigue de forma implacable a todos los miembros de la Orden que denuncian las irregularidades e ilegalidades cometidas por las jerarquías. Esto es lo que ha ocurrido de forma ostentosa en mi caso. El Gran Magisterio se ha negado en rotundo a admitir mis legítimos y fundados recursos y denuncias mientras que apoya sin reservas las ilegalidades del Presidente de la Asamblea Española. La arbitrariedad de las altas jerarquías de la Orden ha conculcado el principio básico de igualdad ante la ley, reflejado en todos los ordenamientos jurídicos del mundo y recogido en el canon 208 del Código de Derecho Canónico.

Undécimo.- Nulidad del Decreto 46075 por no indicar los recursos que proceden contra él. El susodicho Decreto se dictó, además, sin señalar los recursos que cabían contra el mismo, situando a esta parte en la más absoluta indefensión y quebrantando el derecho a recurrir establecido en los cánones 316 § 2, 698, y 1700. Este último canon supedita la validez del decreto de expulsión a la indicación expresa del derecho que goza el expulsado de recurrir a la autoridad competente. Como dicha indicación no figura en el Decreto 46075, éste es nulo de pleno derecho.

Duodécimo.- Nulidad del Decreto 46075 por infracción del principio de legalidad. Sólo pueden ser sancionados los hechos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas por Ley. El Decreto 46075 infringe el principio de legalidad, pues no existe ley alguna en el ordenamiento jurídico melitense que sancione las presuntas faltas que me imputa. El Decreto 46075 no señala ni un solo precepto legal infringido. No existe tipificación legal, luego no debe existir pena. Nulla pena sine lege. Las imputaciones contenidas en el Decreto constituyen meras apreciaciones subjetivas sobre una conducta que fue de todo punto lícita. El Decreto representa, por tanto, un evidente abuso de poder. La actuación de las máximas autoridades de la Orden, creando graves faltas inexistentes a su arbitrio e inculpándome de ellas, evidencia que no se consideran sujetas a la ley. No existen precedentes de expulsión en la Soberana Orden por motivos tan nimios o tan falsos. La Carta Constitucional y el Código de la Orden no tipifican ninguna falta o delito. Ante este vacío legal son de aplicación, como derecho supletorio, el Código de Rohan y las leyes canónicas (Art. 5, 1 y 5 de la Carta Constitucional.) El Código de Rohan tipifica las causas de expulsión en el Titulo Decimottavo. Delle Proibizioni, e Pene. Las causas señaladas para la privación del hábito (expulsión) son de extrema gravedad (delitti gravi, ed atroci) y están todas contempladas en dicho Código. Serán privados del hábito los blasfemadores pertinaces (Punto 13); los homicidas (Punto XIV); los que hieran con derramamiento de sangre a un hermano de Orden (Punto XV); los heréticos, los sodomitas, los asesinos y los ladrones (Punto XXII). Equipararme en la sanción a esos casos es, entre otras infracciones, un gravísimo atentado contra el principio de legalidad.

Decimotercero.- Nulidad del Decreto 46075 por falta de causa. El canon 308, aplicable por analogía, dice que: Nadie que haya sido admitido legítimamente en una asociación puede ser expulsado de ella, si no es por causa justa, de acuerdo con la norma del derecho y de los estatutos. Mi expulsión de la Soberana Orden ha sido motivada por la imputación de unas presuntas faltas que o bien son falsas, o bien carecen de tipificación legal, o bien corresponden al ejercicio legítimo de derechos que excluye la antijuridicidad, como es la no aceptación del Decreto de ratificación del Presidente de la Asamblea Española que ha sido recurrido por vía administrativa y que se encuentra pendiente de resolución expresa por ese Dicasterio. No existe por tanto causa justa ni precepto legal que ampare dicha expulsión. El Cdigo de Rohan y el canon 316 § 2 establecen taxativamente las causas de expulsión, todas ellas de extrema gravedad. Según el canon 696 del Código de Derecho Canónico las causas de expulsión deben ser "proporcionalmente graves, externas, imputables y jurídicamente comprobadas". Las imputaciones subjetivas del Decreto 46075 no pasan de ser, como mucho, leves irregularidades convertidas en faltas gravísimas por el poder caprichoso, abusivo y arbitrario de las autoridades de la Orden.

Decimocuarto.- Nulidad de Decreto 46075 por infracción de los principios de equidad y de proporcionalidad. La equidad se entiende como la tendencia a dejarse guiar por la conciencia a la hora de juzgar. El poder administrativo debe ponderar, en todo caso, las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida. El canon 221 § 2 del Código de Derecho Canónico señala que las normas jurídicas deben ser aplicadas con equidad, es decir, sin injusticia ni parcialidad. Aequitas sequitur legem. La equidad implica la aplicación de la norma atendiendo las circunstancias sociales y personales del encausado. A la hora de expulsarme con imputaciones irrelevantes, falsas o prescritas, la Soberana Orden no ha tenido en la menor consideración mis treinta y cinco años de invaluables servicios, las numerosas misiones y cargos que he desempeñado con toda eficacia –entre otros, Canciller de la Asamblea Española de 1989 a 1992 o Vicepresidente de la misma de 1992 a 1999– y mi intachable conducta.

La justa proporcionalidad que debe guardar una sanción con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en la falta que se sanciona, constituye un principio general de Derecho. Su aplicación al procedimiento administrativo sancionador significa simplemente la corrección del exceso que supone ejercitar la discrecionalidad más allá de lo que consisten los hechos determinantes del acto administrativo. Estos hechos son los que delimitan y acotan el ámbito propio de los poderes discrecionales en la graduación de la sanción y señalan la diferencia entre el correcto ejercicio de éstos y la arbitrariedad. En definitiva, este principio exige que exista equilibrio entre los medios utilizados y la finalidad perseguida. Así ha ocurrido en este caso, donde la desproporción entre la sanción y la conducta atribuida es monstruosa. La expulsión sólo se aplica en la Soberana Orden a casos de extrema gravedad y nunca debe causar un daño mayor que el originado por la conducta sancionada. Esta desmedida sanción ha causado una innecesaria e irreparable lesión a mi honor, a mi dignidad y a mi fama y también un grave daño a la propia Orden cuya arbitraria e ilegal actuación es motivo de escándalo. La dignidad humana es inviolable y está estrictamente protegida por la ley. "El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral (cf PT 65). Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas" (Catecismo, 1929).

Como se ha dicho en el Fundamento de Hecho Tercero, el sumario elevado al Gran Magisterio por la Comisión disciplinaria recomendaba la aplicación de una simple corrección, dada la levedad de las presuntas faltas cometidas. El Gran Maestre y el Soberano Consejo cometieron la arbitrariedad y la incongruencia de aplicar la mayor pena posible: la expulsión, excediendo con creces la propuesta de resolución que establecía el sumario instructor. El Decreto 46075 ha empeorado mi situación anterior, agravando la recomendación del sumario sin ninguna causa legítima que lo justifique e infringiendo con ello lo establecido el canon 696, aplicable por analogía.

Decimoquinto.- Nulidad de Decreto 46075 por vulneración del canon 1349. El canon 1349, aplicable por analogía, establece que si la pena es indeterminada, el juez no debe imponer las penas más graves, y en ningún caso puede imponer penas perpetuas. Es obvio que los hechos imputados no están legalmente tipificados en el decreto 46075 porque tampoco lo están en el derecho melitense y, por tanto, carecen de pena legal específica. La aplicación de la máxima pena, como ha sido el caso, vulnera de pleno el contenido de dicho canon 1349 y causa, por tanto, la nulidad del Decreto 46075..

Decimosexto.- Nulidad del Decreto 46075 por falta de legitimidad y capacidad específica de la autoridad gubernativa. Las jerarquías de la Orden carecen de legitimidad y capacidad específica para tipificar, imputar, sentenciar y condenar por una falta penal. La acusación de haber proferido injurias contiene carácter penal en la legislación española a la que estoy sometido. Como quiera que el ámbito penal está fuera de las competencias del Gran Maestre y del Soberano Consejo el Decreto 46075 es nulo de plano derecho. En virtud de la división de poderes que caracteriza a todos los ordenamientos jurídicos modernos, las facultades de imputar, tipificar, calificar y condenar en materia penal corresponden en exclusiva a los Tribunales de Justicia y no al poder ejecutivo. La limitación de toda acción gubernamental arbitraria es una característica esencial y constitutiva de cualquier Estado de Derecho. "El Estado de Derecho es la solución a un problema y, como la tradición clásica siempre lo ha reconocido, el problema es la tiranía: la relación social en la que algunas personas dirigen las vidas o propiedades de otras a su antojo y buscando fines discrecionales" (Noel B. Reynolds "Grounding the Rule of Law," 2 Ratio Juris 1,5.1989).

Vigésimo.- Incumplimiento de la obligación de resolver expresamente. El Gran Maestre y el Soberano Consejo han incumplido la obligación contenida en el canon 57 § 3 de emitir el decreto resolutorio de mi recurso. El silencio del Gran Magisterio ante mis denuncias y recursos se ha convertido en una mala práctica habitual. Todos los recursos y denuncias presentados por mí contra las situaciones o actuaciones ilegales de la Soberana Orden, ha sido sistemáticamente silenciados e ignorados. Cuando los recursos no les convienen, sus jerarquías callan. Cuando algo conviene a sus intereses particulares, se exceden como ha sido el caso del Decreto 46075. El Gran Magisterio usa dos varas de medir, haciendo gala de un lamentable relativismo moral e infringiendo el principio de igualdad ante la ley. Es un consolidado axioma jurídico que nadie puede beneficiarse en Derecho de sus propios errores, y que éstos no deben perjudicar a terceros.

Es justicia que respetuosamente pido.

En Madrid, a veintiocho de julio de dos mil seis.

Que, con mi mayor respeto y consideración, ruego a los miembros del Dicasterio que sean a su vez miembros de pleno derecho de la Soberana Orden de Malta, que tengan a bien abstenerse de juzgar el presente recurso por reunir en sus personas la doble condición de jueces y parte.

Es justicia que reitero en el lugar y fecha indicados.